DERECHOS DE LA MUJER
I
- La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones
sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común.
II
- El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos
naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la
opresión.
III
- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es
más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo,
puede ejercer autoridad que no emane de ellos.
IV
- La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los
otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites
la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos
por las leyes de la naturaleza y de la razón.
V
- Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones
perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes,
prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer
lo que ellas no ordenan.
VI
- La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y
Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus
representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas
las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más
distinción que la de sus virtudes y sus talentos.
VII
- Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los
casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley
rigurosa.
VIII
- La Ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias y
nadie puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada
anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres.
IX
- Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la
Ley.
X
- Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer
tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir
a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público
establecido por la Ley.
XI
- La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los
derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la
legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues,
decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio
bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por el
abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.
XII
- La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una
utilidad mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no
para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada.
XIII
- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración,
las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en
todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto,
debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades
y otras actividades.
XIV
- Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o
por medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las
Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo
en la fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la
cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto.
XV
- La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución,
tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público.
XVI
- Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la
separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución
es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado
en su redacción.
XVII
- Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para
cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como
verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública,
legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una
justa y previa indemnización.